El contexto normativo en relación con las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las de Desarrollo Sostenible y los Grandes Centros Urbanos ante proyectos de infraestructura de transporte se establece principalmente en el Decreto 1076 de 2015. Este decreto delimita las funciones de las diferentes autoridades ambientales en Colombia. Las CAR tienen la responsabilidad de otorgar licencias ambientales para proyectos que se ejecuten en la red vial secundaria y terciaria, mientras que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se encarga de los proyectos de la red vial nacional.
La normativa también menciona que las licencias ambientales son necesarias para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y deben ser gestionadas antes del inicio de cualquier proyecto. Asimismo, se especifica que las CAR y otras autoridades ambientales no pueden otorgar permisos cuando el proyecto está bajo la competencia de la ANLA. Esto asegura un marco regulatorio claro que define responsabilidades y competencias entre las diversas autoridades ambientales en la gestión y regulación de proyectos de infraestructura, fomentando un enfoque sistemático en la evaluación ambiental y el desarrollo sostenible.
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