Asimismo, la Resolución 1125 de 2015 establece la ruta para la declaratoria y ampliación de áreas protegidas, incluyendo fases de identificación y delimitación que integran la participación de actores sociales e institucionales. Se enfatiza la importancia de criterios como la conservación de zonas estratégicas, la inclusión de sitios arqueológicos y el mantenimiento de beneficios ambientales para las comunidades. Estos criterios deben adaptarse a las particularidades regionales y requerir un concepto previo favorable de entidades especializadas, garantizando que los objetivos de conservación sean realizables y alineados con un manejo integral del área designada, en conformidad con el artículo 6° del Decreto 2372.