El Consejo de Estado revocó la sentencia que declaró la ineptitud de la demanda contra Corantioquia al considerar que el acto administrativo, la Resolución 130 AN-4250 del 17 de enero de 2006, no es simplemente una medida preventiva, sino un acto administrativo definitivo que afecta los derechos del demandante. La resolución en cuestión impuso una suspensión preventiva a las actividades del Frigorífico Santa Helena, argumentando la necesidad de evitar un daño ambiental inminente. Sin embargo, el demandante alegó que Corantioquia carecía de competencia para emitir dicha resolución, ya que la empresa no estaba obligada a obtener permisos de emisiones atmosféricas ni licencia ambiental, según las características de su operación. El Consejo de Estado, al considerar que la resolución tiene implicaciones significativas y que el demandante no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, concluye que es procedente el control judicial sobre el acto administrativo, revocando así la decisión de ineptitud de la demanda y permitiendo su análisis en el fondo.