El proyecto de Ley busca establecer un procedimiento administrativo claro para la Consulta Previa, respondiendo a las recurrentes dificultades que han generado desorden y retrasos tanto para las comunidades étnicas como para el avance de proyectos estratégicos. La propuesta fortalece el papel del Estado, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, como garante y facilitador del proceso. El objetivo es proporcionar una estructura institucional operativa, establecer plazos para la actuación administrativa, crear un sistema de información y un órgano interinstitucional para resolver bloqueos, asegurando así la participación efectiva de las comunidades y la coherencia en el cumplimiento de este derecho fundamental.