Indica la SSPD que el procedimiento de oposición varía según el contexto y la jurisdicción, pero generalmente implica notificar a las autoridades pertinentes sobre la sospecha de fraude, proporcionar pruebas que respalden la reclamación, y seguir los procedimientos legales establecidos para investigar y resolver el asunto. En contextos educativos, por ejemplo, esto podría involucrar la presentación de una apelación formal a la institución educativa, mientras que, en contextos laborales o fiscales, podría requerir la presentación de una queja ante la entidad reguladora correspondiente.