La Superintendencia de Servicios Públicos no tiene la facultad para determinar la legalidad de la modificación del manual de funciones de los cargos directivos en empresas de servicios públicos domiciliarios. Según los artículos 79 de la Ley 142 de 1994 y 6 del Decreto 1369 de 2020, esta responsabilidad recae en la normativa aplicable al tipo de sociedad adoptada por el prestador de servicios y en sus estatutos. Por lo tanto, cualquier modificación en el manual de funciones debe ajustarse a lo que establecen estos documentos y la ley correspondiente. La Superintendencia puede supervisar y regular, pero no tiene la autoridad para validar o invalidar cambios específicos en los manuales de funciones de estas empresas. Esto implica que las empresas deben seguir sus propios procedimientos internos y cumplir con la normativa vigente sin intervención directa de la Superintendencia en la legalidad de tales modificaciones.