La Sala de consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado declaró competente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Esta decisión, emitida el 6 de agosto de 2024, ha sido impugnada por Petro, quien solicita la nulidad del fallo, argumentando la falta de claridad legislativa sobre los eventos que constituyen nulidades en decisiones administrativas. El conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones del Congreso resalta la tensión entre las instituciones encargadas de supervisar la conducta del presidente y la necesidad de definir claramente las normas que rigen estas investigaciones, así como el alcance del fuero presidencial en casos de sanciones.