El concepto proporcionado por la SSPD indica que las empresas intermediarias no pueden cobrar tarifas adicionales a los usuarios finales por el servicio de recaudo de servicios públicos. Esto se fundamenta en que los convenios entre los prestadores de servicios públicos y los intermediarios deben respetar las condiciones uniformes del contrato y el régimen tarifario establecido. Los convenios no pueden imponer cargas adicionales a los usuarios que ya han pagado por el servicio a través de la tarifa correspondiente.