La SSPD recalca que tanto los usuarios como los prestadores tienen derechos y obligaciones que buscan garantizar un acceso justo y eficiente a los servicios públicos domiciliarios, promoviendo la calidad y la sostenibilidad del suministro de agua. Los usuarios tienen el derecho a solicitar y recibir los servicios públicos domiciliarios, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos. Tienen derecho a recibir agua potable, que es esencial para el consumo humano. Si el agua no cumple con esta característica, no se considera un servicio público domiciliario. Los usuarios de estratos 1, 2 y 3 tienen derecho a recibir facilidades para sufragar los costos de conexión, incluyendo la posibilidad de acceder a subsidios. Los usuarios deben ser informados sobre los cargos por conexión y el cálculo de los mismos, que deben corresponder a los costos incurridos por el prestador para la conexión. Los usuarios deben cumplir con los requisitos técnicos y legales necesarios para la conexión al servicio. Están obligados a pagar las tarifas establecidas por el servicio, que se basan en el consumo medido.
Los Prestadores: Tienen el derecho a cobrar por la conexión al sistema de distribución, así como a establecer tarifas por el servicio prestado, pueden definir las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio, incluyendo los requisitos que deben cumplir los usuarios y los inmuebles
Tienen derecho a recuperar los costos asociados a la conexión y al suministro del servicio, lo que incluye la instalación de medidores y acometidas. Entre las obligaciones de los prestadores está el suministrar agua potable y apta para el consumo humano, cumpliendo con las normativas de calidad. Deben facilitar la conexión al servicio a los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos, sin discriminar por el nivel de consumo. Deben operar de manera transparente y están sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, asegurando el cumplimiento de la normativa.
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