La Sala destacó que la normativa actual establece que las falencias en los documentos que no son esenciales para la comparación de propuestas no pueden ser motivo de descalificación. Esto significa que si un proponente presenta una oferta que cumple con los requisitos sustanciales, pero tiene errores formales menores, la entidad debe permitir la corrección de estos errores. La intención de la legislación es evitar que las entidades rechacen ofertas por motivos insignificantes, lo que podría limitar la competencia y la participación de proponentes en los procesos de contratación pública.