La Entidad precisó que la decisión para intervenir una obra civil inconclusa corresponde a la misma administración y no es procedente que este órgano de control fiscal se pronuncie al respecto, ya que por expresa disposición constitucional tiene vedada la coadministración y mal haría en pronunciarse respecto a la procedencia o no de terminar o demoler en los términos de la Ley 2020 de 2020 las obras civiles inconclusas.