El proyecto de ley establece un marco normativo para el reconocimiento del desplazamiento forzado interno debido al cambio climático, la degradación ambiental y desastres naturales. La iniciativa se encuentra en la comisión Primera de Senado y fue publicada la ponencia para segundo debate. Dentro de este contexto, se asignan responsabilidades clave a las autoridades ambientales. Estas entidades son encargadas de certificar las afectaciones ambientales graves que originan el desplazamiento forzado, lo que es fundamental para validar la situación de las personas afectadas. Además, deben colaborar con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la creación y mantenimiento del Registro Único de Desplazamiento Climático, que documentará a las personas y comunidades desplazadas. Las autoridades ambientales también deben participar en la formulación de políticas públicas que aborden la prevención, adaptación y mitigación de los impactos ambientales, asegurando que se tomen en cuenta las condiciones específicas de cada territorio afectado. Su rol es crucial para garantizar una respuesta integral y efectiva ante esta problemática.