La iniciativa es promovida por la representante María del Mar Pizarro García y respaldado por otros miembros del Congreso. Este proyecto busca establecer un marco normativo que regule los instrumentos económicos destinados a la protección del medio ambiente, promoviendo la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en diversas actividades económicas. El proyecto se enmarca en el contexto de la necesidad de implementar políticas que respondan a los desafíos ambientales actuales, incluyendo la gestión de recursos naturales y la mitigación del cambio climático. Se menciona la importancia de la participación de comunidades indígenas en la toma de decisiones relacionadas con proyectos que afectan sus territorios, destacando un caso en el que la Corte Constitucional revisará una tutela presentada por estas comunidades en relación con créditos de carbono y su derecho al gobierno propio.