“El Consejo Superior de la Judicatura alerta a los usuarios del servicio de justicia para que se abstengan de abrir o descargar el contenido de correos electrónicos procedentes de fuentes dudosas para evitar ser víctima de Phising, método para engañar a través de la suplantación, haciéndose pasar por despachos judiciales o entidades gubernamentales. Recientemente se ha identificado un aumento en la cantidad de correos electrónicos fraudulentos que han recibido los usuarios de la Rama Judicial con mensajes diseñados para engañar a los destinatarios y comprometer la seguridad de sus datos personales y financieros”.
También ordenó la creación de tres despachos de magistrado y una secretaría para el Tribunal Agrario y Rural de Tunja, así como cinco juzgados agrarios y rurales del circuito. El Consejo Superior de la Judicatura dispuso la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural, teniendo en cuenta las características y volúmenes demográficos, territorialidades étnicas y campesinas, municipios PDET, políticas públicas y conflictos potenciales, así como la demanda de justicia sobre los asuntos de competencia de la jurisdicción.
El MinSalud estableció el valor máximo permitido de la concentración de Caseinomacropéptido (CMP) en 30 pg/ml - mg/I, como referencia para las acciones de Inspección, Vigilancia y Control, desarrolladas por el INVIMA, que permitan evidenciar la adición de lactosueros en leche.
La Sala indicó que los gastos procesales y extraprocesales para cumplir las órdenes judiciales en los procesos de restitución de tierras, deben ser asumidos por el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.” Tampoco están llamados a asumir los gastos extraprocesales para el cumplimiento de las órdenes de los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, necesarios para la materialización y efectiva restitución, incluso proferidas en la denominada fase pos fallo. Los titulares o legitimados para ejercer la acción de restitución de tierras que sean representadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), tampoco están obligadas a pagar tales gastos, salvo la condena en costas, cuando se pruebe dolo, temeridad o mala fe de la parte vencida”.
A través del presente proyecto de norma presentado por MinAgricultura, se busca modificar aspectos relacionados con los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas relacionado, entre otros aspectos, con el Sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de información predial de los territorios indígenas.