La Entidad precisa que los Cabildos Indígenas y las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas cuentan con capacidad jurídica para contratar con el Estado. Según el Decreto 1088 de 1993, modificado por el Decreto 252 de 2020, estas asociaciones tienen personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y se consideran entidades de derecho público de carácter especial. Además, la Ley 2160 de 2021 y la Ley 2294 de 2023 reforzaron y regulan explícitamente su capacidad contractual, permitiendo la celebración de contratos y convenios directos con entidades estatales, conforme al Estatuto General de Contratación Pública.