La Ley introduce el arbitraje en procesos ejecutivos, con el fin de descongestionar el sistema judicial y promover una vía más ágil y eficiente para la satisfacción de las pretensiones patrimoniales. Establece que el proceso arbitral será institucional, reglamentado por centros de arbitraje, y prohíbe el arbitraje ad hoc. Se prevé la utilización de tecnologías y plataformas digitales para facilitar el trámite, garantizando derechos fundamentales como el debido proceso, igualdad y defensa. Además, regula las medidas cautelares, la designación de árbitros y los requisitos para la demanda. La importancia radica en ofrecer una alternativa efectiva, especializada y más rápida para la resolución de conflictos, beneficiando a las partes y contribuyendo a aliviar la carga del sistema judicial.