La obligación de constituir garantías en contratos estatales es un requisito legal de ejecución, no de perfeccionamiento, según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Estas garantías deben aprobarse antes del inicio de la ejecución y su vigencia depende del momento y condiciones en que fueron constituidas y aprobadas, garantizando así la cobertura adecuada de riesgos. El funcionario competente debe verificar que cumplen con las exigencias normativas y contractuales para su aprobación.