En un proceso contractual de outsourcing donde una entidad pública no asumirá gastos y la inversión será realizada exclusivamente por un tercero privado, existe controversia sobre la necesidad de un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). Según la normativa vigente en Colombia, específicamente en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, se establece que las entidades estatales deben contar con un certificado de disponibilidad presupuestal antes de asumir obligaciones contractuales. Esto se interpreta como una garantía de que existen recursos suficientes para atender los compromisos financieros.