Sin embargo, el análisis también enfatiza la importancia de que estas cláusulas estén claramente definidas en el contrato para cumplir con los principios de tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esto es crucial para evitar arbitrariedades en la ejecución de estas facultades, asegurando que las condiciones sean justas y equitativas para las partes involucradas. El Consejo de Estado ha reafirmado que, aunque se pueden pactar estas condiciones, deben ser acordadas claramente en el contrato, evitando que la entidad tenga poder discrecional sobre su imposición. Este marco normativo busca garantizar la protección de los derechos de los contratistas, al tiempo que se promueve una gestión eficiente en la prestación de los servicios públicos.