Los objetivos específicos incluyen mejorar la calidad acústica mediante la regulación adecuada, fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas, promover la investigación y el desarrollo de tecnologías de bajo ruido y garantizar la participación ciudadana. También se busca incorporar enfoques diferenciales y territoriales para atender dinámicas de desigualdad y exclusión. Se establecen mecanismos de transparencia activa, donde las autoridades deben rendir cuentas sobre sus acciones relacionadas con el control de ruidos. Además, se prevé la creación de líneas de acción que disminuyan los impactos del ruido en la salud y el bienestar de la población, asegurando el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

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