Además del proceso de cobro coactivo, se pueden implementar diversas acciones administrativas, las cuales pueden incluir poner en conocimiento de los entes de control. Esto es pertinente dado que la ley no limita el control fiscal sobre estas empresas, permitiendo que se use una metodología armonizada para supervisar su gestión y asegurar el manejo adecuado de los recursos públicos. En resumen, la entidad establece que existen múltiples acciones disponibles para obligar el cumplimiento del pago, siempre ajustándose a la naturaleza jurídica de los servicios involucrados y los mecanismos de control vigentes.

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