La Entidad estableció disposiciones para la compra de energía eléctrica destinada al mercado regulado, en el contexto de la intervención de prestadores por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La resolución busca alinear los incentivos de los generadores, asegurar la estabilidad financiera de los comercializadores intervenidos y proteger a los usuarios regulados de variaciones inesperadas en los precios de la energía. Se introduce el uso de la variable Mc como referencia para establecer un precio máximo de traslado, lo que permite amortiguar impactos de cambios abruptos en el mercado. Los prestadores tienen un plazo de seis meses para negociar contratos bajo modalidades específicas, y se establecen mecanismos de comercialización que deben ser documentados y verificables. La resolución también busca eliminar la exposición de los usuarios a la volatilidad del mercado de corto plazo, garantizando precios más estables.