A través del concepto publicado por la ANT quedó establecido que, se acuerdo con lo establecido en la Ley 554 de 2000 y la normatividad aplicable, Colombia al ser Estado Parte en la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, tiene la obligación legal de realizar todas las gestiones necesarias para llevar a cabo las actividades necesarias de Desminado Humanitario.