Destaca la Sala que los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son  equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en  la medida en que corresponden a dos distintas nociones jurídicas; “(i) la función pública  consiste en toda aquella prerrogativa o actividad propia y exclusiva del Estado en  cuanto constituye por esencia ejercicio del poder público, que se cumple o desarrolla a través de diferentes autoridades de las Ramas del Poder Público o de los órganos  autónomos de poder (vgr la administración de justicia, la defensa de las fronteras, la  seguridad interior, la función legislativa, etc.) y, excepcionalmente, por particulares por  expresa autorización de la Constitución o la ley (ej. para dar fe pública en calidad de notarios, ejerciendo función jurisdiccional como árbitros en los tribunales de  arbitramento, etc.), no posible ni predicable de una organización privada; por su parte,  (ii) el servicio público es aquella actividad dirigida a la satisfacción de necesidades de interés general (vgr salud, educación, transporte de personas, transporte de  mercancías, agua potable, telecomunicaciones, suministro de energía eléctrica,  suministro de gas domiciliario, recolección y disposición final del residuos, etc.)  generalmente por parte del Estado o también por los particulares mediante la figura de  la colaboración administrativa y con sujeción a normas de derecho público”.

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