La DIAN precisó que la retención en la fuente debe efectuarse antes de determinar la base para embargos judiciales por obligaciones civiles. Este criterio responde a que la retención es un descuento obligatorio, de naturaleza tributaria, con prelación sobre embargos civiles, en virtud del carácter de orden público de las obligaciones fiscales. La retención no forma parte del patrimonio del trabajador ni del empleador, garantizando así la protección del mínimo vital, conforme a la jurisprudencia constitucional. De esta manera, se asegura que los embargos solo afecten el salario neto, respetando los descuentos legales y evitando una afectación desproporcionada del ingreso mínimo para la subsistencia. Este pronunciamiento refuerza la prevalencia de las cargas tributarias frente a embargos civiles y mantiene la coherencia del sistema jurídico tributario.