La Entidad precisó que las empresas oficiales de servicios públicos pueden, en principio, establecer mecanismos de reducción, condonación o alivio de intereses moratorios derivados de deudas por acueducto, alcantarillado y aseo, siempre que tales medidas se adopten dentro del marco de la autonomía empresarial, la sostenibilidad financiera y los principios de igualdad, transparencia y responsabilidad fiscal, sin comprometer recursos públicos ni desconocer el régimen presupuestal y de control aplicable; precisó que cualquier programa de alivio o normalización de cartera debe estar debidamente soportado en estudios técnicos y financieros, contar con autorización de los órganos competentes dentro de la empresa, definirse mediante actos administrativos o decisiones formales que establezcan condiciones objetivas y generales para los usuarios, y respetar el marco legal de recuperación de cartera; asimismo, indicó que no existe una norma única que regule de manera específica estos planes, pero sí un conjunto de disposiciones en materia de servicios públicos, gestión fiscal y régimen de cartera que permiten su implementación bajo criterios de legalidad, razonabilidad y protección del patrimonio público.