La Procuraduría del Vichada demandó a entidades nacionales y territoriales por el hacinamiento crítico y las condiciones indignas de la cárcel de Puerto Carreño, donde 129 reclusos ocupaban un espacio diseñado para 25, sin agua potable, alcantarillado ni infraestructura mínima. La Sala del Consejo de Estado confirmó que la crisis vulnera derechos colectivos y que las actuaciones de los entes territoriales no han dado una solución definitiva. Concluyó que la superación del problema exige coordinación nacional y territorial. Ordenó, entre otras medidas, ejecutar obras urgentes de mantenimiento, depurar la población privada de la libertad, ajustar el EOT, identificar el predio y adelantar en tres años la proyección y construcción de un nuevo establecimiento carcelario, bajo liderazgo conjunto del Gobierno Nacional, INPEC, USPEC y las entidades del Vichada.