Este Decreto marca un hito en la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia. Establece un nuevo paradigma que prioriza la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos. Esta normativa, que responde a las crecientes demandas de la sociedad civil y a recomendaciones de organismos internacionales, introduce cambios significativos en la forma en que la Policía interactúa con la ciudadanía. Entre las reformas más destacadas se encuentra la obligación de los agentes de agotar todos los medios no letales antes de recurrir a la fuerza letal.  Este enfoque busca reducir el riesgo de abusos y fomentar un ambiente de confianza y seguridad en las intervenciones policiales. La capacitación en el uso de armas y dispositivos menos letales se convierte en un eje central de esta transformación y asegura que los uniformados actúen de manera responsable y efectiva. Además, el decreto establece una regulación más clara sobre el uso de armas, municiones y dispositivos y elimina la arbitrariedad en su empleo y garantiza que se utilicen conforme a la ley.