Los Estados deben asegurarse de contar con sistemas administrativos y judiciales eficaces para aplicar los marcos normativos y jurídicos relacionados con la tierra, y de que sus autoridades administrativas y judiciales actúen de conformidad con las obligaciones del Estado en virtud del Pacto. Eso incluye tomar medidas para brindar servicios no discriminatorios, rápidos y accesibles.