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TO-Texto Original

TO-Texto Original (44)

MinMinas, UPME, la ANM y el Servicio Geológico Colombiano, publicaron el Texto del borrador de la Ley Minera, que busca transformar, con una perspectiva de justicia social y ambiental, el sector minero, a la vez que propone su modernización. A través del siguiente link, los interesados en hacer aportes a la construcción de la Ley minera.

Los congresistas del Pacto Histórico con asiento en la Comisión Quinta de la Cámara, radicaron un proyecto de ley con el objeto de regular y establecer los mecanismos de implementación, control y seguimiento al servicio público de adecuación de tierras y dictar otras disposiciones para el acceso al riego, drenaje y protección contra inundaciones, con el fin de mejorar la productividad del sector agropecuario, bajo parámetros de alta competitividad, haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos del suelo y del agua, y contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, el impulso a la producción agropecuaria, la economía campesina, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la resiliencia climática. Lo anterior reconociendo junto al desarrollo de obras de infraestructura la gestión integrada de otros bienes y servicios públicos que impacten conjuntamente en las condiciones de desarrollo agropecuario.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, pone a consideración del Congreso un proyecto de ley que tiene como objeto la toma de medidas para la superación de la pobreza energética y la promoción de la Transición Energética Justa en el departamento de La Guajira. La iniciativa propone, entre otros temas, autorizar a Ecopetrol S.A. (artículo 10) “para desarrollar y ejecutar proyectos de generación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable en el departamento de La Guajira, por sí mismo o mediante cualquier modalidad asociativa con terceros, incluyendo otras empresas industriales y comerciales de la Estado. En todo caso, Ecopetrol S.A. tomará todas las medidas necesarias para garantizar dentro de su grupo empresarial el desarrollo separado, autónomo e independiente entre las actividades de transmisión y generación, mediante la segmentación funcional de la contabilidad, los equipos de trabajo o gerencias y el flujo de información”.

A través del presente proyecto de Ley se busca tomar medidas para la superación de la pobreza energética y la promoción de la Transición Energética Justa (TEJ) en el departamento de La Guajira, orientado por la necesidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta iniciativa, los residuos sólidos especiales y los residuos peligrosos. El objeto de este proyecto de ley es crear y regular el mercado de valorización de residuos sólidos a través de la implementación de un esquema de valorización dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, incluyendo su reincorporación en la cadena productiva en el marco del modelo de economía circular. Este aplica a las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, que generen, almacenen, recolecten, transporten, transformen, consuman, traten, exporten, almacenen, importen o gestionen Residuos Sólidos en el territorio nacional.

Para los autores, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para minimizar el impacto de la minería ilegal, estas no han sido efectivas, toda vez que incautar una maquinaria pesada y luego destruirla a través de la quema, genera mayor daño al medio ambiente; por lo que consideran que es la oportunidad de tomar la decisión de entregar esa maquinaria a los municipios de bajo presupuesto que tengan pobreza multidimensional, pero que ante todo sean reconocidos como municipios PDETS y de esta forma se busca resarcir los daños que causan con éste al medio ambiente y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los municipios, ya que la maquinaria por sí sola no causa un daño al medio ambiente, es el uso que se le da.

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Los autores son, entre otros senadores, Paola Andrea Holguín Moreno, Honorio Miguel Henríquez Pinedo y Esteban Quintero Cardona. El propósito de la iniciativa es la promoción de la investigación científica tendiente a determinar la viabilidad de adelantar la técnica de Fracturamiento Hidráulico con una sola etapa y Perforación Horizontal (Fracking) a través de Proyectos Pilotos de Investigación Integral que analicen las variables ambientales, sociales y económicas que tienen relación con esta técnica, de acuerdo con los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación- CEPI que se encuentran vigentes.

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El proyecto de ley de autoría de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), radicó un proyecto de ley para ampliar por parte del Gobierno Nacional la cobertura de cilindros para aquellos departamentos en donde hay viabilidad de sustitución de leña por gas licuado de petróleo, de conformidad con lo indicado en el Plan Nacional de Sustitución de Leña publicado por la UPME en 2022. Dichos subsidios de ampliarán progresivamente, iniciando por aquellos departamentos que tengan más del 9% de la población utilizando combustibles altamente contaminantes para cocinar.  

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El representante del Partido Cambio Radical, Gilberto Betancourt, radicó un proyecto de ley que propone establecer un marco normativo integral para la gestión sostenible e integrada del recurso hídrico en Colombia, otorgando al agua la condición de patrimonio natural estatal. Según el articulado del proyecto de ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigirá de manera eficiente la gestión de recursos hídricos y cuencas hidrográficas, mediante la corresponsabilidad de entidades gubernamentales y sociales, la implementación de asistencia técnica, la salvaguardia de fuentes de agua, el fomento de organizaciones comunitarias, la instauración de "guardianes de cuencas hidrográficas" y la delimitación de áreas de protección, se persigue conservar la vitalidad del recurso hídrico.

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El proyecto de ley tiene por objeto incluir a las juventudes rurales dentro de la reforma agraria, facilitando su acceso a la tierra y a proyectos productivos acordes a su plan de vida y a las condiciones de sus territorios; entendiéndose que la tierra y la productividad son factores clave para fortalecer la autonomía, el empoderamiento, el reconocimiento social y el ejercicio de derechos de las y los jóvenes rurales. Se expone en la parte motiva del proyecto de ley que “la inclusión productiva de los jóvenes rurales se ve afectada no solamente por deficiencias en el acceso a oportunidades laborales y de emprendimiento sino por brechas de género. Esto implica que las mujeres rurales tengan una carga mayor de labores no reconocidas que les impiden generar ingresos”.

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