El DNP, consultado sobre la inclusión de impuestos y gastos de legalización en proyectos de regalías, subraya la autonomía de las entidades territoriales. Es responsabilidad del formulador del proyecto determinar e incorporar todos los gastos asociados, distinguiendo entre recurrentes y los de la fase de inversión. La normativa SGR no detalla qué gastos son de legalización, pero exige su desglose, excluyendo los del contratista. El DNP carece de competencia para especificar tributos imputables, remitiendo esta tarea al formulador, amparado en el principio de programación integral y la autonomía local. La Comisión Rectora del SGR establece requisitos de viabilización.