El Decreto crea un programa especial de dotación de tierras y otros mecanismos de entrega en favor de víctimas y otros intervinientes en procesos de restitución de tierras, sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural. Su objetivo es garantizar el acceso a tierras a población vulnerable, incluyendo víctimas del conflicto armado, asegurando su mínimo vital y vida digna durante el proceso de restitución. Además, establece modalidades provisionales y definitivas para la entrega de inmuebles, subvenciones y créditos especiales, fortaleciendo la equidad social, cultural y territorial en el sector rural y priorizando poblaciones campesinas, étnicas, mujeres y desplazadas.