Sección 4 (1525)
La Sala observó que dentro del expediente que la sociedad demandante presentó a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, la corrección de la Declaración de ICA del año 2002, período gravable 2003, la cual fue denegada mediante dos resoluciones. Ambos actos
“La Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, «Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones», en su artículo 46 prevé la conciliación contenciosa administrativa en materia tributaria y faculta a la DIAN para conciliar en procesos
“Así, en virtud de la norma tributaria, la declaración queda en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar no se ha notificado requerimiento, y si la declaración inicial se presentó de forma extemporánea, esos 2 años se deben contar a partir
La Sección precisó en la sentencia reiterada que “el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de información financiera -NIIF- no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento que establece la norma para efectos fiscales desaparezca para el
“El artículo 709 del Estatuto Tributario, dispone que «Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la
“Los obligados tributarios que pretendan acogerse a los beneficios de la conciliación administrativa deberán acreditar: (I) que la demanda contra los actos que determinan la obligación tributaria sometida a la solicitud de conciliación haya sido presentada con anterioridad al 30
“El principio de congruencia de la sentencia tiene como finalidad garantizar que haya consonancia entre las partes motiva y resolutiva de la providencia (congruencia interna), y que exista conformidad entre lo decidido y lo solicitado por las partes en la demanda y en su
Para la Sala, “aunque carece de objeto decretar la suspensión del proceso pedida por el ministerio público, sucede que el juicio de legalidad de los actos acusados en el presente asunto debe atender a lo resuelto en la mencionada sentencia del 24 de marzo de 2022, porque la
“La ley tributaria estableció un término para que la Administración revisara válidamente la obligación tributaria, y otro, para que el contribuyente enmendara sus errores. La oportunidad concedida legalmente al declarante para modificar de manera voluntaria la establecen los
El Despacho precisó que “se debe tener en cuenta que no solo basta con que la parte ejecutante cuente con un documento que contenga una obligación a cargo del deudor para que forzosamente se deba predicar la calidad de título ejecutivo, porque, es indispensable que dicho