La Corte Constitucional analizó varias acciones de tutela relacionadas con el acceso al servicio público domiciliario de acueducto y al agua potable. En uno de los casos, la accionante solicitó la conexión del servicio para una comunidad, pese a no cumplir los requisitos legales y urbanísticos exigidos. La Corte examinó si la tutela era procedente y concluyó que no se acreditó la vulneración directa de derechos fundamentales, que no existía un perjuicio irremediable y que la pretensión buscaba proteger intereses colectivos, para lo cual el mecanismo idóneo es la acción popular. Además, verificó que no se agotaron otras vías administrativas y judiciales. Por estas razones, confirmó la sentencia de única instancia del 2 de abril de 2024 del Juzgado 009 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, que declaró la improcedencia del amparo.