El concepto de abogacía de la competencia emitido por la SIC, sobre el proyecto de decreto que regula el uso de plantas de amapola y coca para fines médicos, científicos y de investigación, resalta que el proyecto limita la titularidad de autorizaciones exclusivamente a entidades públicas, excluyendo el acceso directo de agentes privados, aunque permite la participación indirecta mediante esquemas de tercerización con comunidades campesinas y étnicas. La SIC advierte que esta restricción puede afectar la libre competencia económica al restringir un mercado emergente con potencial productivo e industrial, sin evidenciar que la medida sea la menos lesiva para el principio competitivo. Además, solicita un marco interpretativo claro sobre el reparto justo y equitativo de beneficios y recomienda evaluar alternativas menos restrictivas para no distorsionar el mercado ni afectar el desarrollo de cadenas productivas lícitas en territorios afectados por cultivos ilícitos.