La Sala analizó la operación de la Planta de Beneficio Animal de Ocaña y determinó que la planta realizaba vertimientos directos de aguas residuales industriales al Río Tejo sin permiso ambiental válido, vulnerando los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas. Se probó un alto impacto ambiental por contaminación hídrica y atmosférica, generando olores ofensivos y malestar en la comunidad cercana, principalmente debido a residuos sólidos y gases como el metano de la planta de tratamiento. Aunque el Tribunal Administrativo de Norte de Santander inicialmente negó la vulneración por falta de pruebas técnicas, el Consejo de Estado revocó esta conclusión, argumentando que se demostraron daños y se vulneraron derechos colectivos. Además, ordenó a las autoridades competentes controlar y sancionar estas conductas para proteger la salud y el ambiente local.