La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) otorgó una licencia ambiental a COLCCO S.A. para la explotación de un yacimiento de carbón, estableciendo un plazo de seis meses para que presentara la evaluación económica ambiental del proyecto, conforme a los términos de referencia de la ANLA. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por COLCCO S.A. fue considerado incompleto, ya que no incluía información detallada sobre la metodología para estimar el balance entre beneficios y costos económicos, lo que es crucial para evaluar la viabilidad ambiental y social del proyecto. La CAS argumentó que no era obligatorio exigir esta evaluación económica en el momento de la solicitud, dado que la reglamentación pertinente fue emitida en 2017. No obstante, el despacho destacó que el requisito de evaluación económica ya estaba incluido en el Decreto 2820 de 2010 y el Decreto 2041 de 2014, lo que significa que la obligación de presentar esta evaluación existía al momento de la solicitud. Además, se subrayó que la información del EIA es esencial para la planificación ambiental y el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del titular del proyecto. En conclusión, la evaluación económica de los impactos positivos y negativos era un requisito exigible desde la presentación del EIA por parte de COLCCO S.A.