La Corte estudió la constitucionalidad del artículo 3 de la Ley 649 de 2001, que regula las candidaturas a la circunscripción especial de la Cámara de Representantes para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La Sala identificó una omisión legislativa, pues, a diferencia de lo exigido para la circunscripción indígena, la norma no establecía un requisito de trayectoria o liderazgo comunitario que garantizara una representación auténtica y efectiva. Por ello, exhortó al Ministerio del Interior a presentar, en seis meses, ante el Espacio Nacional de Consulta Previa una propuesta de modificación legislativa que subsane ese déficit de protección, e invitó al ministro a llevar el proyecto al Congreso una vez concluya la consulta. Asimismo, instó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo a acompañar el proceso y, si lo consideran pertinente, presentar el proyecto de ley correspondiente.