El Consejo de Estado estudió la demanda presentada por los propietarios de un centro agroturístico ubicado en el predio La Esmeralda, en Villavicencio, quienes reclamaron indemnización por la demolición de varias construcciones ordenada por Cormacarena dentro de un proceso sancionatorio ambiental por presuntas infracciones relacionadas con la Reserva Forestal Buenavista y los caños Cárcava y Buque. Los demandantes alegaron que las obras eran de su propiedad y que no fueron vinculados inicialmente al procedimiento. La Sala confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Arauca, que declaró probada de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió de resolver el fondo, al concluir que los perjuicios alegados derivaban de la ejecución de actos administrativos sancionatorios cuya legalidad debía controvertirse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y no a través de reparación directa.