La CGR precisó que los recursos derivados del Registro de Garantías Mobiliarias (RGM) son de naturaleza pública y están sometidos a control fiscal. La asignación de funciones registrales a Confecámaras se fundamenta en la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015. Es el Gobierno y no Confecámaras, quien tiene la competencia para fijar las tarifas de estos servicios, las cuales deben ser establecidas por ley. Además, Confecámaras no está autorizada para incorporar estos ingresos a su presupuesto institucional, debiendo mantener una separación contable rigurosa entre fondos públicos y privados para garantizar la transparencia en su manejo.