La Sala subraya la obligación constitucional de realizar la consulta previa respecto a medidas legislativas que puedan impactar a las comunidades indígenas, y destaca la importancia de cumplir con este mecanismo para garantizar la participación efectiva de estas comunidades en la toma de decisiones que les afectan directamente.La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha emitido observaciones sobre el Proyecto de Ley Estatutaria 287 de 2024, que busca regular la coordinación interjurisdiccional entre la Rama Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena. Se destaca la necesidad de ampliar la competencia de la Sala para resolver conflictos administrativos no solo en asuntos de familia, sino en todos los casos que surjan en el contexto de la Jurisdicción Especial Indígena. La Sala valora positivamente el propósito de la ley de establecer un marco normativo que aborde la inseguridad jurídica actual, que afecta tanto a jueces del sistema judicial como a autoridades indígenas, debido a la falta de coordinación interinstitucional. Se subraya la importancia de contar con una regulación que permita una comunicación efectiva entre ambas jurisdicciones, lo que es esencial para el ejercicio de derechos fundamentales. Además, se reconoce el esfuerzo por fortalecer la función consultiva del Consejo de Estado, lo que contribuirá a una mejor resolución de conflictos y a la armonización de las jurisdicciones, en línea con el artículo 246 de la Constitución.