Ante la inquietud sobre la inclusión de profesionales del derecho en visitas de campo para trámites ambientales y los criterios de cobro asociados, el Ministerio de Ambiente ha emitido un concepto que despeja las dudas. El Ministerio aclaró que ninguna norma impide la participación de abogados en equipos interdisciplinarios, destacando su rol esencial en la verificación de aspectos socioeconómicos, culturales y de participación comunitaria en los estudios de impacto ambiental. Asimismo, confirmó que las autoridades ambientales están facultadas para cobrar por estos servicios, incluyendo honorarios y gastos de viaje de los profesionales. Estos cobros se calculan estimando el tiempo de los expertos, los viáticos y los análisis técnicos, conforme a metodologías definidas, siempre dentro de topes máximos fijados. No obstante, el Ministerio señaló no ser la instancia competente para determinar si un cobro es desproporcionado o carece de justificación técnica.