La Contraloría General de la República emitió un concepto jurídico en el que responde seis interrogantes sobre la aplicación de los principios de desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales en el control fiscal. La Entidad precisó que estos principios tienen fundamento en el artículo 267 de la Constitución y orientan la vigilancia de la gestión fiscal; explicó el contenido, alcance y actividades del procedimiento adoptado mediante la Resolución Ejecutiva 0132 de 2024 para verificar su aplicación en auditorías; aclaró que dicho procedimiento también debe ser utilizado por las Gerencias Departamentales Colegiadas; detalló que la Guía de Instrumentos Ambientales de la Resolución 0133 de 2024 orienta la revisión de licencias, permisos y concesiones ambientales y también aplica a esas gerencias; y señaló que las normas internacionales ISSAI buscan fortalecer la calidad, transparencia y credibilidad de las auditorías del sector público.