La CRA, con funciones delegadas por el Decreto 1524 de 1994 y el artículo 370 de la Constitución Política, regula los monopolios en los servicios públicos domiciliarios para evitar abusos de posición dominante y promover la competencia económica eficiente. Su objetivo es garantizar tarifas razonables, cobertura amplia y calidad en dichos servicios. Actualmente, aplican metodologías tarifarias diferenciadas para municipios con más y menos de 5.000 suscriptores, recopiladas en la Resolución CRA 943 de 2021. Sin embargo, la CRA aclara que no tiene competencia para resolver ciertos casos específicos, remitiendo estos a las autoridades correspondientes, como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La entidad se mantiene dispuesta a brindar asesoría sobre la regulación vigente.