La CRA emitió un concepto sobre la embargabilidad de los recursos del Costo Medio de Inversión (CMI). Aunque estos fondos, recaudados por empresas oficiales de servicios públicos para inversiones en infraestructura, son de naturaleza privada con destinación específica, la CRA dictamina que sí pueden ser embargados por un juez en el marco de demandas laborales. Sin embargo, esta posibilidad está sujeta a estrictas condiciones: primero, deben agotarse los ingresos de libre destinación de la empresa (principio de subsidiariedad). Si estos no son suficientes, los recursos del CMI solo pueden embargarse de forma subsidiaria y con un límite crucial: el embargo no puede exceder la tercera parte de los ingresos brutos del servicio. Esta aclaración busca equilibrar la protección de los recursos públicos con el derecho de los trabajadores.