La CGR, como entidad pública y órgano de control fiscal, no está obligada a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) ni el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (SAGRILAFT), diseñados para sociedades comerciales vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, la CGR debe implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública, según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 modificado por la Ley 2195 de 2022, como instrumento transversal para la prevención y control de riesgos de corrupción y lavado de activos. Este programa incluye estrategias de debida diligencia, transparencia, cultura de legalidad y canales de denuncia, adaptándose a su naturaleza pública y marco normativo específico, como la Ley 87 de 1993 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Así, la CGR fortalece su gestión preventiva sin estar sujeta a los sistemas SARLAFT o SAGRILAFT.