La SSPD explicó que el artículo 183 de la Ley 142 de 1994 permite a las empresas de servicios públicos convertir en acciones los pasivos a favor de terceros proveedores solo si estos han sido avalados por la Nación, entidades territoriales o sus entidades descentralizadas. Esta facultad no aplica a pasivos con personas naturales ni a obligaciones sin dicho aval. La conversión debe ajustarse al régimen privado que rige a estas empresas y no requiere aprobación previa de la Superintendencia, la cual no tiene competencia para revisar ni autorizar dichos actos. Cada caso debe verificarse individualmente para establecer si el proveedor es una entidad avalada, lo cual es requisito indispensable para aplicar la figura de capitalización.