La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de los incisos 2, 5 y 7 del artículo 23 de la Ley 1561 de 2012, que establecían la nulidad de pleno derecho de actuaciones judiciales realizadas después del vencimiento de un plazo para que el juez civil municipal adoptara una decisión. La Corte decidió declarar la inexequibilidad de estas disposiciones, argumentando que, aunque buscaban un proceso célere para el acceso a la tierra, vulneraban los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La Corte destacó que la remisión automática de los casos a otro juez, junto con la nulidad de pleno derecho, podría llevar a decisiones apresuradas y a un análisis superficial de los hechos y pruebas, lo que afectaría negativamente a los campesinos, quienes son sujetos de especial protección. Así, la Corte reafirmó la necesidad de un equilibrio entre la celeridad procesal y la garantía de derechos fundamentales en el contexto judicial.