El Consejo de Estado abordó el caso de la planta procesadora de subproductos de matadero "H&S", que enfrentó una medida preventiva que suspendió sus actividades debido a problemas de contaminación ambiental. Aunque esta medida se extendió por un tiempo considerable, el Consejo determinó que el daño reclamado por el propietario de la planta no se originó en la prolongación de dicha medida, sino en la falta de acción y cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas por la autoridad competente. El demandante decidió clausurar la planta de manera voluntaria en agosto de 2004, poco después de la imposición de la medida, lo que indica que su cierre no fue consecuencia de la actuación administrativa. Además, el Consejo destacó que el demandante no presentó el plan de mejoramiento ambiental requerido, lo que contribuyó a la permanencia de la suspensión. En consecuencia, se concluyó que no había lugar a indemnización por los daños reclamados, ya que estos no derivaban de la prolongación de la medida preventiva.