El 23 de octubre de 2013, Iván Cepeda Castro y otros ciudadanos en representación de diversas organizaciones presentaron una acción popular en contra de MinMinas y la ANM, al pretender, entre otras, que se suspendiera la radicación de solicitudes de concesión minera o se tuvieran por no presentadas y, además, se suspendiera el otorgamiento de unos títulos mineros. En Auto de 30 de octubre de 20134, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, y en Auto de 16 de junio de 2014 vinculó y ordenó su notificación a  MinAmbiente y del Interior y a la ANLA, pero “no vinculó a los diferentes afectados, es decir, a los diferentes gremios mineros que agrupan y representan los intereses de la minería en Colombia, ni a los grandes, medianos y pequeños mineros que tienen en trámite solicitudes de contratos mineros”. Correspondió a la Sala establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, si la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental, al no vincular en la acción popular No. 2013-02459-00/01 como litisconsorcio necesario o tercero con interés a ASOMINEROS, la cual se consideró afectada con la Sentencia de segunda instancia de 4 de agosto de 2022.

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